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El pasado martes 22 de septiembre entró en vigor en todos los órganos judiciales de Yucatán el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual, según las autoridades, tendrá como objetivo fortalecer las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a niveles federal y estatal.

Hasta hace unos meses existían 33 códigos en el país, cada uno con distintas reglas para el desahogo de un juicio penal, por lo que ahora la intención es que exista un sistema único y válido en todo el territorio nacional.

En sesión extraordinaria de los magistrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Marcos Celis Quintal, declaró que la entrada en vigor de este Codigo Procesal requirió de una participación “comprometida, coordinada y puntual” de los Poderes del Estado, a fin de hacer efectivo el mandato legal federal.

En ese sentido, recordó que en septiembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto con el que se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución de la República, para que inicie en todas las entidades del país, y fue en marzo del año pasado cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó este Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese entonces, el mandatario federal señaló  que dicho Código “reglamentará para todo el país el nuevo paradigma de la justicia penal”, y permitirá acelerar la aplicación del modelo de juicios orales, con el cual el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo.

Este ordenamiento jurídico tiene como factores centrales la protección de la víctima, el respeto a sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso.

El Código Procesal Penal busca fortalecer las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a niveles federal y estatal. Además, al tener una legislación procesal penal única, válida para todo el territorio nacional, permitirá en los hechos que los ciudadanos gocen del derecho constitucional a una justicia pronta y expedita.

Sin embargo, Celis Quintal recalcó que el Código Procesal de Yucatán era considerado de avanzada, ya que establecía todos los principios del sistema de justicia acusatorio y oral.

Asimismo, señaló que sólo cambian los plazos de tiempo dentro de los juicios, algunas reglas adicionales en los derechos de los detenidos y las víctimas, y surge una nueva modalidad, que es el Juicio Inmediato, en donde la Fiscalía General del Estado puede pedir que se enjuicie al imputado luego de la Vinculación del Proceso, en virtud de que hayan todos los elementos para realizarse.

“Este nuevo Código Procesal es más exigente, más garantista, pues las instituciones tendremos que cumplir mejor que se protejan los derechos de las víctimas y los imputados”, agregó Celis Quintal.

Tres códigos en Yucatán

Explicó que en Yucatán estarán en vigor simultáneamente tres códigos procesales diferentes: el tradicional, que va perdiendo validez desde el 3 de junio del 2014, y que sólo es aplicable a los casos judiciales anteriores a esa fecha; el código relacionado a los juicios orales, que hoy deja de tener vigencia y que se enfocará a los ventilados durante este 2015; y el de Procedimientos Nacionales, que arrancó esta misma semana.

“Con la expedición de este Código nacional se busca unificar las reglas de los procesos penales en todo el país, por eso nos tomamos el tiempo para capacitarnos, para no hacer las cosas con prisas, y seguimos a nuestro ritmo, llevamos buen paso, y hemos hecho un proceso de planeación, de implementación y operación del sistema de manera correcta, con contundencia y  firmeza, y eso nos da un buen resultado”, sostuvo en entrevista.

Recalcó que Yucatán se posiciona a nivel nacional en cuanto a la implementación del sistema de justicia, “pues no se trata de competir, sino de hacer bien las cosas, el sistema es funcional, son más rápidos los procesos, hemos demostrado que son de mejor calidad, cuando el acusado no es culpable será absuelto, y si se demuestra su culpabilidad será condenado y pasará años en prisión”.

Bondades del nuevo Código

En la sesión del pasado martes en el Pleno del Poder Judicial, acudió como invitado el Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, quien declaró que con la llegada de esta norma se da un paso más a la consolidación del sistema judicial en la entidad.

“El Código Procesal establece reglas que, estoy seguro que con el trabajo conjunto de todas las instancias, se tendrán los resultados que la sociedad yucateca espera”, indicó.

Señaló que se trata de un nuevo paradigma, lo que representa una responsabilidad de todas las instituciones encargadas en impartir justicia, pues el derecho penal es innovador, “y será nuestro trabajo socializarlo para que los ciudadanos conozcan sus bondades y ventajas”

Aldecua Kuk manifestó que con este ordenamiento judicial se privilegia la reparación del daño, se consolidan los derechos humanos de los imputados y de las víctimas, y se homologará el trabajo de investigación  y los protocolos de actuación al perseguir un delito.

Autoridades judiciales coinciden que este Código representa una oportunidad para que las instituciones de procuración e impartición de justicia se modernicen y recuperen la confianza ciudadana, a partir de resultados.

Entre sus beneficios, permitirá acelerar la aplicación del modelo de juicios orales; el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo; y se cuidará a la víctima, sus derechos, la presunción de inocencia, la reparación del daño y el respeto al debido proceso.

Además fortalecerá las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas; se dará transparencia a los juicios penales disminuyendo la discrecionalidad, y se contará con profesionales del derecho para aplicarlo.

Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, Yucatán ya cumplió –por adelantado- al cien por ciento con el sistema de justicia acusatorio, que tiene como fecha máxima para implementarse en todo el país el 18 de junio del 2016.

Modernización

El Fiscal General del Estado aseguró que a cuatro años de la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Yucatán se posiciona ahora como uno de los primeros Estados en aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, que homologará en todo el país las reglas relacionadas con la investigación de delitos de índole estatal y federal, por lo que damos un paso adelante en materia de procuración de justicia.
Entrevistado sobre el tema, por La Revista, el abogado del Estado subrayó que con esto se generan las condiciones propicias para la coordinación y cooperación entre las autoridades de seguridad pública y de justicia, toda vez que se podrán establecer esquemas únicos de capacitación, prácticas y protocolos de actuación, aplicables a todas las entidades federativas.

La entrada en vigor del Código Nacional establece un trabajo de investigación con mayor profesionalismo y probada eficacia por parte de las instituciones de procuración de justicia, tema en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue avanzando, señaló.

“Ser de las primeras entidades en aplicar esta nueva norma representa un reto para todas las instancias involucradas, pero es un paso importante en favor de la sociedad y ante ello la Fiscalía General del Estado ha hecho su parte capacitando a su personal, para estar a la vanguardia”.

El funcionario estatal recordó que la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales debe entrar en vigor en todo el país en el 2016, por lo que resaltó el hecho de que Yucatán de nueva cuenta dé un paso más en la materia, como en su momento sucedió con el Sistema Acusatorio y Oral.
En el estado, instancias federales como la Procuraduría General de la República empezaron a trabajar bajo esta norma desde marzo pasado y ahora entra en vigor a nivel estatal con la participación de instituciones de los diversos órdenes de gobierno.
La ventaja de este Código Nacional, detalló el funcionario, es que el procedimiento para abordar los delitos será bajo criterios homologados en todo el país. Quien delinca en Yucatán o en cualquier otra entidad deberá ser juzgado bajo las mismas reglas, cosa que ahora no sucede porque cada estado tiene su propio Código Penal.

El Fiscal General reiteró que esta acción coloca a nuestro Estado un paso adelante en la consolidación de la Reforma Penal, tema en el que las entidades federativas deberán adherirse de manera paulatina.

A la par del CNPP, también entró en funciones la Ley Nacional de Mecanismos Alterativos para la Solución de Controversias, con la que se unifican los criterios a nivel nacional para proceder en la solución de conflictos, cuya finalidad principal es la reparación del daño, abundó.
“La homologación de las reglas en los procedimientos penales a nivel nacional, acarreará importantes beneficios para la aplicación de justicia, al brindar mayor seguridad jurídica a las personas involucradas en proceso, ya que los ordenamientos legales deberán atenderse bajo los mismos criterios sin importar la entidad federativa en la que se encuentren”.

En materia de capacitación del personal de la institución que encabeza, informó que han contado con la debida actualización de los nuevos ordenamientos, aunque la preparación ha sido constante desde la implementación de los juicios orales con cursos, talleres y diplomados de tipo teórico y práctico, orientados a profesionalizar la intervención de los operadores del Sistema.

Infraestructura

Para el Fiscal General, la construcción de importantes obras de infraestructura dentro de la Fiscalía en lo que va de la presente administración estatal, también vienen a reforzar el trabajo diario de la institución, dado que permite contar con los espacios adecuados para una mejor operatividad.

En lo que compete al trabajo de la institución, destacó la construcción de obras como el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), el Centro de Solución de Controversias, el Laboratorio de Genética y el Laboratorio de Inteligencia Pericial, a los que se en breve se sumarán varios más que ya están proyectados e incluso con los recursos listos.

En equipamiento también se ha reforzado el trabajo de la Policía Ministerial Investigadora con parque vehicular y armamento, a la par que la dirección de Servicios Periciales ha sido dotada de importante tecnología que permite estudios y resultados altamente confiables, que favorecen la comprobación científica de los delitos.

Cabe destacar que en Yucatán los procedimientos orales se han implementado de manera paulatina, permitiendo enfrentar con éxito los cambios en la procuración de justicia, la cual implicó una transformación radical de un modelo inquisitorio, a uno que se rige bajo el principio de presunción de inocencia.

Con el CNPP se mantiene un estricto apego al respeto a los derechos humanos tanto de imputados como de las víctimas de un delito, ampliando la protección de los derechos de éstos últimos.

“Hoy estamos ante un sistema de justicia más rápido, más expedito y con mayores resultados para la sociedad. Estamos inmersos en una transición, en donde se está operando de manera positiva en beneficio de todos los yucatecos”, aseveró el titular de la Fiscalía.

Magistrados, en apoyo

Por su parte, la magistrada Adda Cámara Vallejos expresó que “los medios alternativos de solución de controversias sirven para crear canales de comunicación para la reducción de conflictos desde una concepción solidaria, respetuosa y participativa, contribuyendo consecuentemente al fomento de de vínculos más democráticos y basado en el respeto de los derechos humanos y necesidades básicas de las personas”.

Resaltó que a partir del 22 de agosto de 1955, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha impulsado la justicia restaurativa a través de la organización de diversos eventos como los congresos de prevención del delito y justicia penal, los congresos mundiales de criminología, los congresos mundiales de mediación, entre otros.

Igualmente mencionó los instrumentos internacionales mediante los que los Estados miembros se han obligado en la práctica de esos mecanismos, destacando la “Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas de los Delitos y el Abuso de Poder”, que establece un programa de justicia alternativa, el proceso y resultado restaurativo las partes del proceso y el facilitador.

Luego recordó que en México el 12 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo 18 constitucional relativa al sistema integral de adolescentes en conflicto con la ley penal y en el cuarto párrafo se estableció que en la aplicación del sistema, siempre que resulte procedentes, se deben observar las formas alternativas de justicia.

Asimismo, dijo, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, que “los acuerdos reparatorios no son otra cosa que el resultado del uso de un mecanismo alternativo de solución de controversias como la mediación y la conciliación”.

Cámara Vallejos expuso que a través de las tesis aisladas y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los mecanismos alternativos han recobrado relevancia en nuestro país. Señaló que en México, la intención de elevar a rango constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias, ha sido convertirlos en un eje toral del sistema de justicia en general, y sobre todo en materia penal.

“Es importante destacar que el juez de control desde su primera actuación está obligado a hacer del conocimiento de la víctima u ofendido y del imputado dependiendo, claro está, de que el delito sea susceptible de gestionarse a través de acuerdos reparatorios”, recordó la magistrada.
“La justicia restaurativa debe cruzar transversalmente todas las instituciones que permiten que el conflicto penal se solucione antes de decretarse la apertura de la audiencia de juicio oral, para que la ciudadanía constate que el nuevo sistema de justicia se ocupa de atender las necesidades de los protagonistas del conflicto criminal y de su reinserción social”, resaltó.

Destaca Rivas Rodríguez entrada en vigor del CNPP

La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, aseguró que con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, Yucatán da un paso más en materia de procuración de justicia.

En tribuna, la legisladora expuso que de entre los objetivos por los cuales se emitió el Código destaca el establecer un modelo jurídico uniforme, aplicable a todas las entidades federativas, incluido el Distrito Federal y al ámbito federal, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, homogéneo y sistematizado, en donde la prioridad es la presunción de inocencia y el respeto de los derechos humanos de las víctimas e inculpados.

“Este método evitará la dispersión normativa, criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica que genere espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema”, recalcó.

Aseguró que con el nuevo Código se evita también la sobre regulación en distintos aspectos que no deben quedar comprendidos dentro de un Código Procesal Penal, sino que su desarrollo ha de ser materia de regulación por las entidades federativas y la Federación en su ámbito de competencia, a través de otras leyes de tipo orgánico, manuales, protocolos, etcétera.

Rivas Rodríguez recordó que el 20 de noviembre de 2014 se presentó ante el Congreso local la iniciativa de Decreto por el que se Declara la Entrada en Vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Yucatán, por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial.
El 28 de noviembre de ese mismo año el Pleno de la LX Legislatura aprobó el Decreto por el que se declaró que la entrada en vigor de dicho Código sería el 22 de septiembre de 2015.

Este sistema también obliga a la autoridad a garantizar asistencia consular al detenido, asimismo, define derechos del detenido y derechos del imputado.

Asimismo, tiene una “acción particular”, (antes acción privada) que va permitir que todas aquellas personas que se consideren víctimas de la comisión de un delito puedan acudir directamente ante el Juez de Control a presentar su demanda o a interponer su denuncia o querella.

“Adicionalmente, se destaca que existe más participación de la víctima en el proceso. Se marcan las obligaciones a los operadores del sistema, policías, Fiscalía, defensa”, apuntó

Además, trata el procedimiento penal ordinario diferenciándolo de los procedimientos especiales (abreviado, personas jurídicas, acción penal por particulares, asistencia jurídica en materia internacional

De avanzada

De acuerdo a magistrados, jueces y el Fiscal General del Estado, Yucatán se metió de lleno en la transformación del sistema de justicia penal, oral y acusatorio con anticipación, aventajando a otras entidades del país.

Con la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos para Yucatán se confirma la intención de fortalecer y modernizar el sistema que permita ofrecer una eficaz y expedita procuración e impartición de justicia.

En ese sentido, Celis Quintal señaló que ha quedado claro la vocación de servicio y el interés de todos por trabajar en forma coordinada para lograr un mejor sistema de justicia para Yucatán y sus habitantes. (Yazmín Rodríguez Galaz)